Hace casi dos años, a
finales de febrero de 2013, se presentó ante la Audiencia Nacional una querella
criminal contra varios responsables del Partido Popular y presidentes de
grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían
de los llamados “papeles de Bárcenas”, publicados un mes antes. Como es sabido,
la querella se interpuso por cinco organizaciones, Asociación Libre de
Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Federación de Los Verdes y
la Asociación Justicia y Sociedad.
El ingente trabajo de la
acusación popular así como la instrucción que ha venido desarrollando el juez
Ruz ha permitido acreditar 59 apuntes de los recogidos en los papeles del
extesorero del PP e imputar a 31 personas, así como que se dé por hecho que
existió una contabilidad B en el partido del Gobierno. Pero no es menos cierto
que las dificultades impuestas por el PP y las instituciones que controla han
hecho muy difícil este trabajo.
Para empezar, se optó
por sumar la “causa Bárcenas” al caso Gürtel para evitar que cayera en manos
del juez Gómez Bermúdez, no sin flagrantes irregularidades y saltándose los
criterios de reparto de casos de la Audiencia Nacional. Por otro lado, el
ministerio fiscal ha venido trabajando más como la defensa de los imputados que
ejerciendo su papel de custodia de los intereses colectivos. Y sin olvidar que
durante la instrucción se han producido nada menos que tres sustituciones en la
cúpula de la UDEF (la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía)
presumiblemente para conseguir un mayor control gubernamental en lo que se
investigaba.
Tampoco queremos dejar
en el tintero otras maniobras del Partido Popular, como las misteriosas
desapariciones de agendas y los registros de ingresos en la sede madrileña del
PP o el formateado y desaparición de discos duros. Ni su resistencia a entregar
la información solicitada por el juez instructor, que llevó a Ruz a ordenar el
registro de la sede central del PP de la calle Génova. O las propias amenazas
de querellarse contra la acusación popular, algo que sí que han intentado, sin
éxito, políticos como Álvarez-Cascos.
A pesar de todas estas
trabas, las cinco organizaciones querellantes hacíamos un balance positivo de
lo conseguido hasta ahora. Y claramente el PP y el Gobierno hacían una lectura
contraria, viendo cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los
papeles de Bárcenas acorralaban a políticos populares y constructores: ahí está
la clave del cese en tres meses del juez Ruz, pues no es otra cosa lo que se ha
decidido en Comisión Permanente del Poder Judicial.
La Asociación Libre de
Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los
Verdes, junto a las 27.000 personas que han apoyado públicamente la querella,
comprobamos una vez más con estupefacción como los poderosos maniobran para que
la justicia no les alcance.
Pero no queremos
permitirlo. Las organizaciones promotoras de la Querella Bárcenas realizaremos
todo tipo de actos de denuncia pública para que trascienda esta escandalosa
situación que muestra cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir
que los presuntos delitos queden impunes. Y es que esta querella estaba
permitiendo apuntar con claridad a quiénes son los auténticos responsables de
la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos
pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas.
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