Antoni Domènech es el editor general de SinPermiso. Gustavo Búster, miembro del Comité de Redacción de la revista sinpermiso
Al cumplirse los cien días de su gobierno, el PP anda ya atrapado en el círculo vicioso de la táctica del "mal menor". El "mensaje de confianza" que pretendidamente habría de enviar su mayoría absoluta a los "mercados" ha trocado en una intervención de facto del eurogrupo tras la fallida finta de Rajoy sobre el déficit fiscal: no solo le han impuesto el objetivo del 5,3%, sino que, ad deterrendum, han retirado el chorro de liquidez del BCE a la banca española, disparando el diferencial de la deuda, y le exigen ahora una "legislación de emergencia" para poner por obra los presupuestos de 2012.
El "mensaje a los mercados" enviado por las elecciones andaluzas y asturianas es que el PP puede perder en menos de tres meses medio millón de votantes. Y el de la huelga general del 29-M, que no va a poder contar con la amedrentada resignación social de los trabajadores, activos o parados. Rajoy no tiene enfrente aún ni siquiera una opción de alternancia de gobierno, huelga decirlo. Pero se ha encontrado con unas escarnecidas direcciones sindicales –más desnortadas aún que acomodaticias, durante años— que, cruzado el Rubicón de una contrarreforma laboral radical y hasta obscenamente proempresarial, se juegan ahora su propia existencia. A la fuerza ahorcan, y CCOO y la UGT se aprestan resueltamente a una larga resistencia encaminada a hacer retroceder esa contrarreforma. Por lo demás, la crisis financiera del Estado de las Autonomías amenaza con convertirse en una crisis de Estado sin más.
En una semana, el panorama político ha cambiado sustancialmente. Con la debacle de Zapatero, la derecha política y mediática le había "perdido el respeto" a la izquierda social; ahora empieza a preocuparle por lo menos tanto como Bruselas, y no parece tener otra respuesta a mano que la de situarse defensivamente en la táctica del mal menor de los gobiernos tecnocráticos tan displicentemente desdeñada hasta ayer: ya se nota, y por lo magnífico, en la crecida incoherencia de la actividad y del discurso de un desmadejado gobierno Rajoy.
De victoria pírrica en victoria pírrica, los esperados presupuestos de 2012 siguen llegando por entregas. No sólo son política y socialmente inaceptables para buena parte de la propia base electoral del PP –y aun para una sector de su núcleo más irrealista, mentalmente colonizado por la ilusa locura doctrinalmente neorreaccionaria—, sino que los objetivos declarados de los mismos parecen a cada vez más gentes técnicamente inalcanzables. El brutal ajuste para los trabajadores, mientras se amnistía a los defraudadores, no parece ser el método más a propósito para alcanzar la estabilidad presupuestaria (1).
La HG que venció al miedo
Las huelgas generales, suele decirse, estallan sobre todo por dignidad. No es necesario recurrir al brillante confusionario que fue George Sorel para saber que son un acto de voluntad del pueblo trabajador dispuesto a volver a ocupar la centralidad política que se le niega. En la del pasado 29 de marzo se ha podido comprobar una vez más. Por eso nadie ha entrado en el juego de las valoraciones numéricas (2). Al contrario: el discurso dominante de la derecha más realista con responsabilidades en el mando político –a diferencia de sus obnubilados turiferarios mediáticos— ha sido el de la "normalidad" de la Huelga General, descontada ya en el Haber de las partidas contables de Rajoy desde su toma de posesión: prefieren reforzar la idea de la perfecta inutilidad del ejercicio de este derecho perfectamente constitucional, sin dejar, obvio es decirlo, de agitar deslegitimadoramente el miedo a los "incontrolados"(3).
Lo mucho amansa y amedrenta: toda la preparación de la huelga por las centrales sindicales ha venido a ser un argumento contra el miedo. Un miedo profundo nacido de los más de cinco millones de parados y del más de medio millón adicional previsto y anunciado por el propio gobierno (4), de un 34% de precariedad, de unos sueldos medios hundidos por debajo de los mil euros, de los desahucios, de una crisis, en fin, definitivamente enquistada y en la que el desempleo sin horizontes de reincorporación a la vida laboral trae consigo el desclasamiento y la pérdida de derechos. La clase obrera del Reino está troceada por el mercado laboral entre fijos, precarios y parados, mujeres y jóvenes. Ante la demasía de la contrarreforma laboral, apenas había tiempo para efectuar un giro estratégico de 180 grados en una actividad sindical arrellanada básicamente por décadas en el "diálogo social" –por muy dudosos que fueran sus frutos, cuestionados, entre otras cosas, por siete Huelgas Generales previas—, aceptar galanamente el vértigo de su fin "después de treinta años" (Toxo dixit) y prepararse para un muy distinto escenario de escalada del conflicto social y agudización de la lucha de clases. No es casualidad que los primeros en reaccionar fueran los sindicatos obreros nacionalistas vascos y gallegos, que siempre vieron ese "diálogo social" con harto mayor escepticismo.
La inseguridad de las direcciones y los cuadros de los sindicatos mayoritarios ante la necesidad de dar un giro explícito, de reunificar en una sola "narrativa" reivindicativa la dispersión de las experiencias obreras ante la crisis, de hacer creíbles y valederas las perspectivas de lucha frente a la resignación, saltaba a la vista. Más aún cuando quien empujaba a un enfrentamiento prematuro, buscando el descalabro sindical, era Rajoy. Al final, Rajoy ha manejado tan mal los ritmos en el terreno sindical como en el político. El retraso en la presentación de los presupuestos generales –supeditado a unas elecciones andaluzas planteadas como plebiscito de la política de su gobierno—, los torpes desafíos al eurogrupo, la aceleración político-sacrificial de la contrarreforma laboral y la jornada de Huelga General, con las masivas manifestaciones en las ciudades españolas, grandes y pequeñas: todas las sinergias han discurrido en su contra.
La Huelga General ha sido un éxito: ha parado todo el sector industrial, los puertos, una parte esencial del transporte urbano, la enseñanza pública, las televisiones públicas –¡hasta la inefable Telemadrid de la señora Aguirre!— y el grueso de la prensa; en menor medida, el comercio y el sector servicios. Los piquetes informativos han ocupado las ciudades y los pueblos. En las fábricas, en las escuelas, en los institutos, en las universidades se ha dado un intenso y vigoroso proceso de deliberación democrática (facilitado por el correo electrónico) desconocido desde hace muchos años. La unidad de acción sindical no tiene precedentes, sobre todo en Euskadi, y se ha hecho notar. Las manifestaciones en todas las ciudades, ya quedó dicho, han sido masivas. Sin excepciones. Barcelona y Madrid, pero también Valencia, Sevilla, Bilbao o Santiago, se han volcado en la calle.
Tras la HG, la movilización continúa
La izquierda social ha pasado en muy poco tiempo del espanto de lo poco al amansamiento de lo mucho, y ahora, a una incipiente sublevación contra lo demasiado, a la resistencia colectiva. El miedo sigue ahí, claro está, porque nace de causas estructurales y objetivas. El quid de la estrategia sindical está en buena medida en la gestión en positivo de ese miedo, en darle cauce hacia un proceso prolongado de conflictividad social, impuesta quieras que no por la desapoderada ofensiva de la derecha neoliberal española y europea. Los discursos de los secretarios generales de CCOO y UGT en la manifestación de Madrid fueron muy ilustrativos en este sentido. Resistir el pulso y cambiar a su favor la degradada correlación de fuerzas exige movilizar al conjunto de los trabajadores y ampliar esa movilización con una alianza ciudadana en defensa del gasto social y del Estado democrático y social de derecho.
Tanto Toxo como Méndez son conscientes de que se han visto inexorablemente arrastrados a un conflicto de suma cero con el gobierno Rajoy y la patronal (5). De que sólo se podrá detener el desarrollo de la contrarreforma laboral con una acumulación de fuerzas a su favor que implique la erosión de las bases sociales y electorales del PP, y de que la negociación pasa ante todo por el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores legítimos de los trabajadores cuando el objetivo de la derecha política, mediática y académica es deslegitimarlos, en la idea de que ésa es la vía más rápida para imponer una "devaluación interna" suicida para la economía de nuestro país, única estrategia de salida y gestión de la crisis que deja la UE a las clases rectoras pretendidamente "nacionales".
El emplazamiento al gobierno de Rajoy a rectificar y a reconocer a los sindicatos como interlocutores sociales corre paralelo a una continuación de la movilización en dos frentes: la defensa frente a las represalias de la patronal contra los sectores más débiles que han participado en la HG y la profundización del giro estratégico interno en los cuadros y las secciones sindicales con una preparación intensa de las manifestaciones del 1º de Mayo.
Como oportunamente observa nuestro amigo Albert Recio, en el arsenal sindical hay muchos instrumentos además del de la Huelga General, que no puede convertirse en una recurrente apuesta a todo o nada en las actuales circunstancias sociales dimanantes de la crisis. Una primera respuesta táctica ha sido combinar el paro obrero con las manifestaciones ciudadanas masivas, como viene ocurriendo en Francia, Italia o Grecia, para integrar en la movilización no sólo a quienes se ven obligados a trabajar en los servicios mínimos, sino también a quienes no tienen la autonomía social imprescindible para ejercer el derecho a la huelga, a los parados, a los precarizados y a los afectados por los ajustes destrasteadores del Estado social. La movilización hay que entendería como un largo proceso de acumulación de fuerzas y autoilustración de la izquierda social y de tejido de alianzas con las distintas capas sociales medias crecientemente golpeadas por una crisis, frente a la cual, lejos de ofrecer remedios, las obtusas políticas procíclicas dominantes lo que manifiestamente ofrecen es su agravamiento en daño de los más (y en provecho de los menos).
El 1º de Mayo es el plazo dado por los sindicatos al gobierno Rajoy para sentarse a negociar. Si no hay una respuesta satisfactoria, Toxo y Méndez han adelantado que ese día anunciarán una nueva "hoja de ruta" de las movilizaciones, incluida, si es preciso, la convocatoria de una nueva HG.
Las presiones del eurogrupo y la devaluación de la "marca España"
A estas alturas, empieza a ser patética la "diplomacia económica" de la "marca España". El ministro de economía, Luis de Guindos –que dicho sea de pasada finge una dicción castellana ridículamente trastabillada por el afectado tartamudeo de las clases altas británicas—, puede asegurar tan ricamente en el eurogrupo: "estoy convencido que España dejará de ser un problema, especialmente para los españoles, pero también para la Unión Europea" (FT 31-3-2012). Pero lo que entienden sus colegas es exactamente lo contrario, empezando por Mario Monti, que teme el contagio, desde luego, económico, pero también social, a Italia. Por eso actúan en consecuencia.
El Parlamento alemán ha aprobado finalmente, tras más de seis meses de debates, su aportación imprescindible al Fondo de Rescate: alcanzará los 700.000 millones de euros (200.000 millones asignados ya para Irlanda, Grecia y Portugal, que tendrá que ser rescatado por segunda vez). La condición ha sido el fin de la barra libre de creación de dinero y préstamos al 1% a la banca privada europea, una iniciativa del BCE de Draghi con la que se había mantenido el diferencial de la deuda pública española por debajo de los 350 puntos y el 5% de interés. En términos prácticos, se retira así a la banca privada del negocio de la compra de deuda pública, un negocio que, al tiempo que contenía el diferencial de la deuda pública española, aseguraba los beneficios de esa banca y su recapitalización parcial. La estrategia económica del gobierno Rajoy –como la de Monti en Italia— ha quedado sin báculo, y ha vuelto a dispararse el diferencial de la deuda. Es la forma de presión mas dura del eurogrupo para acabar de empujar al gobierno Rajoy al abismo de una aventurera "devaluación interna", cualesquiera que sean sus consecuencias electorales y de agudización del conflicto social.
Al eurogrupo, reunido el día siguiente a la HG –con las llamaradas de Barcelona en primera plana de la prensa nacional e internacional—, le ha costado un poco más hacer suyo el discurso de la "normalidad" de Guindos. Ha apoyado, es cierto, esos presupuestos (dicho sea de paso: antes de que fueran aprobados por el propio gobierno o aun conocidos en las Cortes), pero exigiendo una "legislación de emergencia" para su estricta aplicación antes de junio, temeroso de la acumulación de resistencias autonómicas –sobre todo, a la vista de la inopinada derrota conservadora en Andalucía— y de una resistencia sindical, a la que la HG del 29M ha hecho más creíble, y por lo mismo, más temible. Por si no fuera suficiente esa presión –tan plástica y ocurrentemente escenificada por el presidente del eurogrupo, Juncker, con la broma del fotogénico estrangulamiento de Guindos en la anterior reunión—, se lanzó una interesada campaña de rumores sobre una supuesta petición de ayuda al Fondo de Rescate para la reestructuración del pasivo inmobiliario de la banca española, lo que provocó una significativa caída en bolsa del sector financiero español, mientras subía el del resto de Europa.
Resulta evidente que no solo manda "señales a los mercados" el gobierno de Rajoy. También lo hace, y de qué manera, el eurogrupo y, por supuesto, la población trabajadora con su HG y sus manifestaciones masivas. Con tantas y tan encontradas señales, no es de extrañar que la marca España se devalúe mientras los "mercados" se limitan a atenerse –como siempre— a la búsqueda de beneficios.
Los presupuestos del ajuste, para los trabajadores, la amnistía fiscal, para los defraudadores
Aunque hasta el próximo martes, 3 de abril, no se conocerá en el Congreso de los Diputados el contenido exacto de los presupuestos, el gobierno Rajoy, en su sinuosa estrategia de comunicación, ya ha adelantado sus líneas generales luego de la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros. La "mayor consolidación fiscal de la democracia" (Montoro dixit) supone un ajuste de 27.000 millones de euros –que viene a sumarse a los 15.000 millones de enero—, a fin de situar el déficit público en el 5,3% exigido por la UE, en la vía del 3% exigido para el 2013 (6). En total, 42.000 millones, ¡casi un 4% del PIB! Muchos han hablado –algunos, hasta con jactancia— de "presupuestos de guerra"
La media de recorte de gasto de los distintos ministerios se sitúa en el 17%. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ve reducido el suyo en un 57%, lo que supone el fin de la cooperación española y la reducción de la diplomacia de "gran nación" (Margallo dixit) a los corredores y descansillos de la UE. Fomento, el principal impulsor y catalizador del gasto público en infraestructuras, ve el suyo reducido en un 35%. Otros ministerios, sin embargo, como Defensa, se salvan con un recorte del 8,8% ante la abrumadora deuda de más de 20.000 millones contraída en la adquisición de armamento en los últimos años. También Justicia (-6,3%), o Interior (-4,3%).
Como muestra de la orientación presupuestaria, las políticas activas de empleo sufren un recorte de 1.557 millones (21,2%). Aunque el paro es la principal y obsesiva preocupación de los ciudadanos (87%, según el CIS), el ministro de Hacienda, Montoro, ha explicado que "no se puede seguir financiando servicios porque tengan un buen nombre". La inversión real cae en un 19,6% y las transferencias de capital en un 46,4%, afectando especialmente a las Autonomías.
En el capítulo de ingresos, el Gobierno Rajoy no se ha atrevido a una subida del IVA o de la gasolina tras la del IRPF el 30 de diciembre. Sí del impuesto sobre el tabaco (+150 millones) o de las tasas judiciales (entre 200 y 300 millones adicionales). Donde las medidas comienzan a ser más que cuestionables es con la indecente amnistía fiscal para los defraudadores, de la que se espera el afloramiento de unos 25.000 millones en dinero negro, con un gravamen especial único para el presente año del 10%, lo que reportaría a la hacienda española unos 2.500 millones de euros. Aunque el impuesto de sociedades se mantiene en los tipos aprobados en diciembre, se reducen selectivamente las deducciones –que hacían que la recaudación sólo fuera del 9,9% real—, lo que haría aumentar hipotéticamente los ingresos hasta los 19.564 millones (desde 2007 se han desplomado en un 64%, hasta los 16.000 millones de 2011). Si los beneficios en el extranjero de las empresas transnacionales españolas no tributaban, ahora se intenta favorecer una repatriación de capitales para su recapitalización, con una tasa reducida del 8%.
El principal problema de estos presupuestos, que no podrán ser analizados en detalle hasta que se hagan públicos, es el del escaso crédito técnico que merecen. A la obvia dificultad de su carácter abiertamente procíclico en plena zambullida en una segunda recesión (estimada por la OCDE en -1,7% del PIB para 2012) que mermará ineluctablemente el ingreso recaudatorio procedente de un sector privado en proceso de desapalancamiento de la enorme deuda acumulada, han de añadirse las dificultades dimanantes de la creciente conflictividad social y de la crisis autonómica. Lo cierto es que por mucho que se empeñe y presione el eurogrupo, la aplicación estricta de los recortes y la "consolidación fiscal" se enfrenta a insuperables dificultades técnicas: los hechos mismos y una visión macroeconómica mínimamente sensata deberían haberles enseñado ya lo que el hiperpolítico doctrinarismo ideológico neoliberal de las últimas décadas parece haberles hecho perder de vista, y es a saber: que la reducción del déficit público en presencia de una enorme deuda del sector privado no es cosa que entre en la esfera de la discrecionalidad político-económica de ningún gobierno, se ponga como se ponga. El que, además, los hipotéticos ingresos recaudables descansen esencialmente sobre la subida del IRPF, es decir, los salarios, mostrándose más que flexibles en los impuestos sobre sociedades, en definitiva, sobre el capital –que "para eso hemos ganado las elecciones con mayoría absoluta", como no se cansan de recordarnos—, no puede dejar de ser percibido por la población sino como una manifiesta injusticia, y añadir combustible al fuego del conflicto social.
"Activos" y "pasivos" políticos
Los inopinados fracasos políticos del PP en las elecciones andaluzas y asturianas, el éxito de la Huelga General del 29 de marzo y la creciente presión del eurogrupo han creado una nueva situación política a los cien días de la victoria por mayoría absoluta de Rajoy. Su margen de maniobra se estrecha rápida y drásticamente, al tiempo que comienza a erosionarse el cimiento de su base social y a reactivarse la capacidad y la voluntad de resistencia de la izquierda social.
El mayor "activo" del gobierno Rajoy es su mayoría absoluta en el Congreso, con cuatro años por delante. Puede apoyarse en su dominio mayoritario de los gobiernos autonómicos, aunque escapan a su control autonomías esenciales como Andalucía y Cataluña, y parcialmente, País Vasco. Eso le obligará a gestionar asimétricamente la crisis del Estado de las autonomías, una crisis que se le complica con el cuestionamiento soberanista en Cataluña y Euskal Herria, con elecciones previstas en los dos próximos años. Su hegemonía institucional y política precisa, para mantenerse, de un consenso social mínimo que evite la erosión de su base social y mitigue o ahogue una conflictividad resistencial socavadora de su crédito ante los "mercados" y la UE.
El mayor "pasivo" de la izquierda social es que no cuenta con una gran referencia política mínimamente creíble. Tras su descalabro electoral, perdida toda autoridad moral como partido de oposición seria al desastre económico, social y político nacional, el PSOE sigue como si tal cosa anclado en su aspiración mínima de alternancia bipartidista, prisionero del suicida giro neoliberal de Zapatero en mayo de 2010. Cada pregunta del PSOE en las sesiones de control al gobierno en el Congreso de los Diputados termina callándola la derecha con el consabido "y tú, más". Hurgar, ya sea superficialmente, en la hemeroteca monta tanto como sacar los colores al dirigente socialista de turno que se atreva a decir esta boca es mía. Un ejemplo tristemente patético fue la intervención de Soraya Rodríguez, la esforzada e incipiente portavoz socialista actual, sobre la contrarrreforma laboral: para destruirla, le bastó a la recrecida vicepresidenta Sáez de Santamaría leer en voz alta algunas de las expeditivas intervenciones de Rubalcaba como ministro del interior de Zapatero con ocasión de la contrarreforma laboral de 2010.
El ridículo ejercicio de una pretendida "oposición útil" sigue desplomando electoralmente al PSOE. En Andalucía y Asturias, la derrota del PP no se debe a una recuperación socialista, sino a la visible erosión de las bases electorales de la derecha y a un trasvase de votos –por vez primera, muy notable— del PSOE a IU y, en mucha menor medida, a UPyD. Una sola diputada del PSOE se sumó a la huelga, mientras el resto del grupo parlamentario se sometía a la disciplina impuesta en la mesa del Congreso dominada por el PP. Su actividad parlamentaria incluyó abstenerse disciplinadamente ante la convalidación del Real Decreto del Fondo para el pago a los proveedores de las administraciones locales, abstenerse igualmente en las enmiendas de la izquierda federalista y soberanista a la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria, para terminar votando finalmente en contra de ésta so pretexto de la violación del pacto PP-PSOE que dio paso a la antidemocrática reforma exprés de la Constitución el pasado agosto. De poco valen las declaraciones públicas de "solidaridad" con la HG en los pasillos, mientras se defiende ante los propios e irritados diputados la supuesta obligación constitucional de no hacer huelga en el "ejercicio de la soberanía popular".
De ahí la importancia del gesto del grupo de la Izquierda Plural, de Amaiur, de Esquerra Republicana y del BNG de sumarse a la huelga en el propio Congreso. Son esos gestos los que dan crédito moral y político a su oposición de izquierda y los que sostienen el ascenso electoral de IU en Andalucía y Asturias, autonomías de cuya gobernabilidad ha logrado merecidamente la llave. Esperemos que en el camino de la reconstrucción de una alternativa política de izquierda, sea capaz también de dar voz a la unidad de acción sindical.
NOTAS: (1) Sólo los gobiernos socialiberales del PSOE se habían atrevido a tanto: dos veces, con Boyer y Solchaga, bajo Felipe González. Y cuando el ministro de industria de Zapatero, Miguel Sebastián, sugirió repetirlo hace poco menos de dos años como vía para hacer aflorar el dinero negro, Rajoy y varios portavoces del PP pusieron el grito el grito en el cielo, tachando la iniciativa de inaceptable "ocurrencia profundamente injusta". (2) Ex ante, en la estrategia de desmovilización gubernamental, las encuestas han tenido un papel destacado ( http://blogs.tercerainformacion.es/diseccionandoelpais/2012/03/11/29m-la-huelga-general-en-las-encuestas-de-la-prensa/ ). Post factum, el dato más significativo ha sido el proporcionado por Economistas frente a la crisis ( http://www.economistasfrentealacrisis.com/ ) sobre el consumo de energía eléctrica. (3) En Barcelona, la estrategia de la Generalitat de CiU, muy en especial delconseller de interior Felip Puig, es la de agitar el fantasma de los "incontrolados antisistema", que aprovecharían cualquier ocasión para acciones de "guerrilla urbana" o "kale borroka". La estrategia que -como han demostrado numerosos vídeos caseros (http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/13166) incluye la provocación de policías infiltrados en las manifestaciones, se ha extendido recientemente a Valencia. Tras la HG del 29-M, las fotos de contenedores de basura ardiendo en Barcelona en las primeras páginas de la prensa internacional han vuelto a traer a la memoria otras épocas. Rajoy, más consciente de la repercusiones que ello tiene para la "marca España" ha sido el primero en insistir en el carácter marginal de los hechos e insistir en el discurso de la "normalidad". (4) Según la encuesta del CIS de febrero, el 18% de quienes tienen trabajo creen "muy o bastante probable" ser despedidos en los próximos meses. El 56% de los parados creen "muy difícil" encontrar trabajo (http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=12564). (5) Quien mejor ha resumido el carácter del enfrentamiento ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien con su habitual desenvoltura ha dejado redondamente dicho que "la huelga es política y, por lo tanto, ilegal (…) estos sindicatos caerán como el muro de Berlín" ( http://www.abc.es/20120329/economia/abci-sindicatos-muro-berlin-201203292203.html ). (6) Véase un primer análisis de Juan Torres López, del consejo científico de ATTAC, en:http://juantorreslopez.com/impertinencias/los-presupuestos-del-pp-valoracion-de-urgencia/, así como enExpansión: http://www.expansion.com/2012/03/30/economia/1333087677.html?a=f739ae1ac5e46f23d2bc04c50703c7ff&t=1333280772
