6. HAY QUE RACIONALIZAR
EL GASTO PÚBLICO
Izquierda Unida considera que cualquier reducción del gasto
público es contradictoria con los objetivos de estimulo de la
demanda que son imprescindibles en una situación de crisis
económica como la actual.
La conveniente limitación del déficit no puede ser obtenida,
en estas condiciones, por la vía del recorte del gasto, sino
mediante mecanismos de incremento de los ingresos como
los propuestos en este documento.
Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización
del gasto público que reoriente el mismo hacía la eficiencia,
el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los
servicios sociales públicos y la actividad productiva.
Así mismo, Izquierda Unida no apoya ninguna reducción de
las retribuciones de los empleados públicos, excepto los altos
cargos y cargos de confianza, ni la reducción sistemática de
departamentos o la disminución del sector público empresarial.
En este caso, las reducciones sólo sirven para que la actividad
sea desarrollada por el sector privado, con mayores
costes y un control inexistente de la eficiencia del gasto.
Por otra parte, ponemos en cuestión la legitimidad de
la deuda pública, muchas veces ocasionada para hacer
frente a compromisos de compras de armamentos o para
ayudar a grupos financieros con una operativa comprobadamente
especulativa.
En consecuencia, planteamos una auditoría democrática
de dicha deuda.
Proponemos:
1. Control de los altos salarios en las Administraciones
Públicas. Limitación de los altos salarios en el conjunto
de las Administraciones Públicas y de sus
organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o
dependientes, considerando como límite superior
las retribuciones percibidas por el Presidente del
Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Izquierda
Unida se compromete a aplicar esta medida en los
órganos autonómicos y locales con competencias
para fijar las retribuciones de sus cargos públicos,
cargos de confianza y directivos de empresas, entes
y organismos públicos, con un criterio de austeridad
que tenga en cuenta los salarios medios en el ámbito
territorial del organismo y los valores socialmente
aceptados. Complementariamente:
• Supresión de cualquier retribución por participación
o asistencia en Consejos de Administración o instituciones
semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
• Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la
Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida,
y de un código ético en la aceptación de regalos.
• Eliminación de los sueldos vitalicios a los políticos,
prohibición por ley de la duplicidad de sueldos de los
ex presidentes del Gobierno.
2. Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de
las Administraciones Públicas a 35 horas semanales.
Racionalización de los horarios y revisión de los métodos
de trabajo para que las actividades se incluyan
en la jornada ordinaria. Estimulo incentivado económicamente
para los empleados públicos del ahorro
energético y en insumos.
3. Modificación de la Ley de Contratos del Estado para
• Limitar y regular de forma estricta las revisiones de
precios al alza en los contratos.
propuestas electorales IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES 2011 / 17
• Eliminar cualquier posibilidad de información privilegiada
y acuerdos de proveedores para entorpecer la
libre competencia.
• Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.
Favorecer las pequeñas empresas, autónomos
y cooperativas
• Revisión de todos los contratos públicos con precios
superiores al medio del mercado. Requerimiento de
informes justificativos específicos para mantener cada
contrato en esas condiciones.
• Cumplimiento de las exigencias de la UE sobre derechos
de los licitadores en la contratación pública que,
hasta ahora, no son cumplidas por la Administración
Española. Trasparencia de la licitación electrónica.
4. Un Plan de Control interno del gasto público y de
la calidad y eficiencia del mismo con los siguientes
elementos:
• Centralización de los gastos de promoción, publicidad
etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos
o empresas dependientes o vinculadas.
• Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos
los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía,
material fungible, viajes, dietas, etc.
• Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes
y estudios externos, artículos y publicaciones
(excepto publicaciones de investigación y análisis).
• Creación en cada departamento, institución, organismo,
empresa, ente, etc. de una Comisión de Control
y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar
parte al menos dos representantes de los trabajadores.
Será competente para examinar y dictaminar
sobre el control de la contratación pública, de la
subcontratación de servicios y proyectos, gastos de
promoción y publicidad, obras de reforma, servicios
de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría
y todos los demás especificados en las propuestas
anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados
de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General
del Estado (IGE) como al Tribunal de Cuentas
correspondiente.
• Inclusión de la evaluación de la calidad el gasto (incluidas
subvenciones y otras ayudas) entre las competencias
de la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y de la eficiencia del mismo por la
IGE y las homólogas de las CC.AA,. y entes locales.
5. Reforma y potenciación de la IGE y de los Organismos
semejantes en las diferentes CC.AA. y entes locales
para reforzar el control de la legalidad del gasto y de la
adecuación de su finalidad y procedimientos. Reforma
de la IGE. Establecimiento de un sistema de exigencia
y responsabilidad de los gestores del gasto. Revocar
los procesos de privatización del control de las cuentas
públicas y de su auditoría. Publicidad de los informes
de la Intervención.
6. Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo
y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores
deberán remitirle en el plazo de seis meses un
informe sobre las medidas adoptadas para corregir las
disfunciones señaladas por el Tribunal.
7. Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto
de Administración Pública con las Fundaciones de los
partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas
específicos de Formación de cargos públicos para el
control del gasto público y la gestión presupuestaria
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